¿Qué dice el Tribunal Constitucional de la Educación en Casa?

Escrito por educandoenelmundo 26-09-2015 en Regulación. Comentarios (0)

A menudo, los defensores de la Educación en Casa alegan la "libertad de enseñanza" recogida en el artículo 27.1 de la Constitución española de 1978, como fundamento del derecho que reclaman de educar a su hijos alejados de la escuela.

Sin embargo el Tribunal Constitucional, intérprete supremo de la Constitución en nuestro ordenamiento, en su sentencia 133/2010 por un caso de homeschooling, considera que la obligatoriedad legal de escolarizar a los niños a partir de los 6 años –establecida por todas las leyes educativas vigentes desde 1978– es impecablemente constitucional.

Ello no es óbice para que, si el legislador así lo decidiese, la práctica de homeschooling pudiera estar reconocida y regulada. Y desde aquí consideramos que esto iría en beneficio de los derechos, no de los padres, sino de los propios niños y niñas que actualmente están siendo educados fuera de la escuela, sin supervisión alguna.

No obstante, a la hora de escoger la mejor educación para nuestros hijos/as, creemos importante atender a las razones que alega el propio Tribunal Constitucional, en el fundamento jurídico 8.b de la sentencia mencionada, para preferir la escolarización a la enseñanza en el domicilio, incluso si ésta estuviera sometida a controles y evaluaciones periódicas. La formación de ciudadanos en una sociedad democrática requiere, a juicio del Tribunal, del contacto con los demás, y con la diversidad y pluralidad que sólo la escuela, y no el hogar, puede proporcionar.

"Acaso pudiera convenirse en que esta medida alternativa, consistente en sustituir la obligación de escolarización por el establecimiento de controles administrativos sobre los contenidos de la enseñanza dispensada a los niños en el domicilio y de evaluaciones periódicas de los resultados efectivamente obtenidos desde la perspectiva de su formación, constituye un medio menos restrictivo que la imposición del deber de escolarización de cara a la satisfacción de la finalidad consistente en garantizar una adecuada transmisión de conocimientos a los alumnos. Sin embargo, según hemos indicado ésta no es la única finalidad que deben perseguir los poderes públicos a la hora de configurar el sistema educativo en general y la enseñanza básica en particular, que han de servir también a la garantía del libre desarrollo de la personalidad individual en el marco de una sociedad democrática y a la formación de ciudadanos respetuosos con los principios democráticos de convivencia y con los derechos y libertades fundamentales, una finalidad ésta que se ve satisfecha más eficazmente mediante un modelo de enseñanza básica en el que el contacto con la sociedad plural y con los diversos y heterogéneos elementos que la integran, lejos de tener lugar de manera puramente ocasional y fragmentaria, forma parte de la experiencia cotidiana que facilita la escolarización."

Puede accederse a la Sentencia del Tribunal Constitucional 133/2010, de 2 de diciembre de 2010, en este enlace.